Durante las 19 horas del domingo 31 de agosto de 2015, la turista chileno alemana Marisol Fabiola S.M. subió con su hija Victoria, que acababa de cumplir seis meses, a la habitación 709 de un conocido hotel del barrio de San Lázaro, en Santiago de Compostela. La amamantó, le puso el chupete y la durmió. Entonces, la posó sobre la cama y presionó con los dedos la "zona cervical" de la cría hasta provocarle la asfixia y la muerte. Luego la tapó con una manta y una toalla blanca, y colocó dos piedras, una sobre la altura de la cabeza y otra bajo los pies, asegurando la tela. Al anochecer de aquel día de verano Marisol fue detenida. Después pasó 40 días ingresada en la planta psiquiátrica de agudos del hospital Gil Casares, y de ahí fue trasladada a la cárcel coruñesa de Teixeiro tras negarse a declarar ante la juez. En prisión provisional, tomando medicación, estuvo ocho meses. Y el martes pasado, al comienzo del juicio, rompió su silencio para reconocer los hechos. A primera hora de esta tarde, el jurado popular ha leído el veredicto. Marisol Fabiola S.M. es "culpable" de asesinato. Así lo ha acordado el tribunal compuesto por ciudadanos de la provincia de A Coruña por unanimidad. Aunque no todos ellos están de acuerdo en que lo hiciera completamente enajenada, bajo los efectos de un brote agudo de la esquizofrenia paranoide de la que está diagnosticada. Seis de los nueve jurados consideran que "la sintomatología psicótica y afectiva aguda que presentaba en la fecha de los hechos anulaba su capacidad de entender y querer lo que hacía", pero los tres restantes no lo ven probado.
La sentencia ha sido unánime, por otro lado, a la hora de votar que "no se le debe conceder la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad" ni "proponer al Gobierno el indulto, ni total ni parcial". Y a la espera de la sentencia, que dictará en unos días el juez Alejandro Morán, la fiscalía ha pedido que Marisol sea internada por un máximo de 25 años en un psiquiátrico penitenciario de España, mientras que la abogada defensora ha reclamado la libertad vigilada, como forma de posibilitar su integración social mientras los psiquiatras controlan su enfermedad mental y garantizan que no deja de tomar la medicación.
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